Con tono firme y sin pelos en la lengua, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno va por una política migratoria más dura. “Se acabó la Argentina donde entraba cualquiera. Todo extranjero condenado será deportado”, sentenció. La Casa Rosada busca endurecer los requisitos de residencia y ciudadanía, limitar el acceso gratuito a universidades, y cortar de raíz lo que consideran “un descontrol en las fronteras”.
Según cifras oficiales, el Gobierno denuncia que ingresaron casi 1.700.000 inmigrantes en situación irregular. “Hoy las condiciones de expulsión son una risa”, apuntó Adorni, y agregó que se gastaron más de 114 mil millones de pesos en atención médica para extranjeros solo en ocho hospitales. El mensaje fue claro: “Entran, delinquen y nadie los saca. Con este Gobierno, eso se termina”.
El nuevo paquete incluye la posibilidad de que las universidades públicas comiencen a cobrar a estudiantes extranjeros, la exigencia de una residencia continua de dos años para acceder a la ciudadanía, y una política migratoria con más controles y menos permisividad. El oficialismo busca mostrar gestión, marcar agenda y dejar en claro que quien no cumple la ley, no se queda.