La audiencia pública que organizó el gobierno nacional para debatir la privatización de rutas terminó en papelón para Tandil. Ni una mención, ni una obra proyectada para el tramo urbano de la Ruta 226, a pesar de que por allí circulan miles de tandilenses que arriesgan su vida a diario. La Defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, y el intendente Miguel Lunghi levantaron la voz ante el ninguneo: denunciaron la inacción crónica y la falta de respuestas concretas, tras años de promesas vacías y visitas de cortesía a Vialidad Nacional.
La situación es tan absurda como peligrosa. Siete rotondas, cinco accesos a la ciudad, un solo paso peatonal y ni una intervención prevista en la licitación que el gobierno de Milei impulsa a 20 años. “Nos escucharon en silencio”, dijo Lafourcade. La funcionaria incluso planteó alternativas concretas como pasos elevados o soterrados, carriles exclusivos y mejor infraestructura vial. ¿La respuesta de Nación? Nada. Solo promesas recicladas y un listado de tareas de mantenimiento que incluye cortar el pasto, pero no salvar vidas.
Por su parte, Lunghi no ahorró ironía. Recordó que fue “seis veces” a reclamar obras durante distintos gobiernos, desde Cristina a Milei, pero todo quedó en cafés y buena voluntad. “Les dimos proyectos listos, pero no hay eco. Villa Aguirre ya supera los 21 mil habitantes y sigue creciendo sin planificación vial”, sentenció. Mientras la Nación mira para otro lado, Tandil sigue esperando que su principal vía de comunicación deje de ser una trampa mortal.