El intendente Arturo Rojas salió a rechazar una resolución de PAMI que transfiere miles de cápitas del Hospital Municipal Emilio Ferreyra a una clínica privada con escasa infraestructura. Aunque el reclamo suena justo, el problema no empezó ayer: la falta de planificación y fortalecimiento del sistema público durante su gestión dejó a la salud local con respirador artificial mucho antes de este nuevo golpe.
Rojas asegura que la medida fue inconsulta y que afectará a más de 10.000 adultos mayores, al derivarlos a un efector privado con menos camas, sin médicos de guardia y sin especialidades clave. Sin embargo, omite mencionar que durante sus años al frente del municipio nunca se garantizó un fortalecimiento real del hospital para blindarlo ante decisiones como esta. Tampoco hubo señales de autonomía sanitaria: la dependencia del convenio con PAMI se volvió crónica.
Ahora, el intendente promete ir “hasta las últimas consecuencias” para frenar la medida. Pero mientras anuncia recursos legales y comunicados encendidos, los jubilados se enfrentan a la incertidumbre real de no saber quién los va a atender cuando lo necesiten. Rojas reclama, pero llega tarde: gobernar no es reaccionar con indignación cuando las cosas explotan, sino prevenirlas antes de que lo hagan.