Lo que debería haber sido un trámite digno y eficiente terminó en una pesadilla para cientos de personas con discapacidad en Tandil. Desde el lunes, la sede del Club Defensores del Cerro, en el barrio de Tunitas, se convirtió en el escenario de una desorganización total: largas filas bajo el frío, apenas tres personas para atender a cientos de ciudadanos vulnerables y un sistema que, lejos de acompañar, vuelve a poner a prueba a quienes ya cargan con desafíos diarios.
La auditoría, impuesta por el Gobierno nacional para la revisión de pensiones por discapacidad, obliga a los beneficiarios a demostrarle al Estado —una vez más— su condición para no perder el único sostén que muchos tienen. El trámite comienza con una carga de datos a cargo de agentes del PAMI y continúa, si todo sale bien, en las oficinas de la UDAI de Anses. El problema es que entre los papeles, las demoras y la espera, la empatía no figura en ningún formulario.
Las redes sociales no tardaron en estallar con fotos y testimonios del destrato. Personas en silla de ruedas o con movilidad reducida esperando horas, familias agotadas y un Estado que parece más enfocado en fiscalizar que en cuidar. Se estima que pasarán por allí unas 2000 personas durante la semana. La pregunta que nadie responde es por qué el sistema exige tanto a los que menos pueden. ¿Auditan a los vulnerables, pero no al sistema que los humilla?