En Mar del Plata, la próxima semana comenzará un juicio que podría sentar un precedente contra los llamados “trapitos” que cruzan la línea de la propina voluntaria para convertirse en extorsionadores. El caso involucra a Juan Altuna, un hombre en situación de calle que, según la fiscalía, amenazó a un automovilista con rayarle la camioneta si no le daba dinero por adelantado. Minutos después, el vehículo apareció con varios daños visibles y el cuidacoches fue detenido con llaves metálicas en los bolsillos.
La historia se enmarca en un limbo legal que arrastra la ciudad desde hace décadas. Existe una ordenanza de 1964 que exige un registro municipal de cuidadores de vehículos y que, en la práctica, nunca se implementó. El resultado: una actividad que no está prohibida del todo, pero tampoco regulada, y que terminó derivando en abusos, amenazas y enfrentamientos con vecinos y turistas. Para los que ejercen esta tarea de forma violenta, las consecuencias ya no son una multa municipal, sino un proceso penal con penas que pueden superar los cinco años de cárcel.
El caso de Altuna no es aislado. En paralelo, otros “trapitos” enfrentan cargos por extorsionar a ancianas y provocar daños a vehículos, confirmando que la paciencia social y judicial se agota. El municipio, atrapado entre la inacción histórica y las peleas políticas, sigue sin resolver el problema de fondo: quién controla el espacio público y cómo poner fin a las mafias callejeras que se esconden detrás de un trapo y una sonrisa forzada.