Tras las declaraciones de Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno avanzará con un polémico proyecto de ley que busca eliminar los cupos de género y discapacidad en el Estado, así como suprimir la figura de feminidio del Código Penal. La iniciativa, liderada por el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaría de Planeamiento Estratégico María Ibarzábal Murphy, será enviada al Congreso en las próximas sesiones ordinarias. El proyecto, denominado “Igualdad ante la ley”, pretende eliminar políticas de discriminación positiva bajo el argumento de garantizar un trato igualitario para todos.
El proyecto también apunta a reformar aspectos de la Ley Micaela, que actualmente establece capacitaciones obligatorias en diversidad y violencia de género para los funcionarios públicos. Según fuentes oficiales, el objetivo es revisar estas normativas bajo una nueva perspectiva, alineada con el discurso de Milei en el que criticó al feminismo radical y afirmó que la figura de feminidio establece un valor desigual entre vidas humanas. Estas propuestas han generado críticas anticipadas desde sectores opositores y organizaciones sociales, que consideran las medidas como un retroceso en la protección de derechos.
En el ámbito político, la iniciativa representa un desafío para el oficialismo, que deberá negociar con una oposición dividida para lograr su aprobación. A pesar de la controversia, el Gobierno sigue enfocado en instalar su agenda en la discusión pública, incluso con propuestas internacionales que refuerzan su postura ideológica, como una posible salida de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París. Estas iniciativas, según el Ejecutivo, forman parte de una estrategia para redefinir el rol de Argentina en el plano nacional e internacional.