El Gobierno Nacional avanza en la privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal encargada de la gestión y mantenimiento de diversas rutas nacionales. A través del decreto 97/2025, el presidente Javier Milei instruyó al Ministerio de Economía a iniciar el proceso de licitación pública, con la intención de que el sector privado asuma el control de estas vías. La medida busca reducir el gasto estatal en infraestructura vial, permitiendo que la inversión quede en manos de los futuros concesionarios.
El decreto establece que, como parte de esta transformación, los contratos vigentes de la empresa serán rescindidos por acuerdo mutuo, dando lugar a un nuevo esquema de concesión. Una vez adjudicadas las licitaciones, la compañía será disuelta y liquidada. La “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con el Ministerio de Economía, será la encargada de supervisar el proceso y garantizar la transición de la gestión.
Uno de los puntos clave de este modelo es que los concesionarios deberán realizar las obras de infraestructura necesarias antes de poder cobrar los peajes. Con este esquema, el Estado dejará de financiar directamente el mantenimiento de rutas, trasladando la responsabilidad de inversión y mejoras a los nuevos administradores privados, quienes también podrán generar ingresos a través de la explotación comercial de las áreas de servicio en las autopistas.