Lo que comenzó como una pulseada gremial terminó derivando en una guerra sin cuartel dentro del sector pesquero argentino. Con amenazas de muerte, sindicatos enfrentados y hasta allanamientos judiciales, la zafra del langostino quedó completamente paralizada. En el centro de la tormenta, dos gremios marineros —SOMU y Simape— acusan a las cámaras empresarias de intentar romper el Convenio Colectivo vigente, mientras denuncian “aprietes” contra quienes se niegan a firmar acuerdos individuales. La disputa ya provocó pérdidas que superan los USD 200 millones y golpea directamente a más de 5.000 familias que viven de la actividad.
La tensión alcanzó su punto más crítico en Puerto Madryn, donde cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte si salían a trabajar. Las intimidaciones, acompañadas por imágenes de armas de fuego, derivaron en allanamientos judiciales autorizados por la jueza Patricia Reyes. Una empresa —Conarpesa— intentó embarcar con trabajadores dispuestos a operar bajo acuerdos de producción actualizados, pero las amenazas hicieron retroceder a la tripulación a último momento. Para los gremios tradicionales, fue una “victoria sindical”. Para las cámaras empresarias, una muestra del clima mafioso que rodea al puerto.
Mientras tanto, el resto del país observa con preocupación cómo se agrava un conflicto que combina vieja legislación, condiciones económicas inviables y métodos que remiten a otras épocas. Las cámaras denuncian que el actual convenio se sostiene con valores de exportación del 2005, cuando el kilo de langostino valía USD 12. Hoy no supera los USD 6. El desacuerdo amenaza con extenderse a otros puertos y sectores. Y lo que debería ser una temporada récord, podría terminar convirtiéndose en uno de los mayores fracasos industriales del año si no se recupera la paz —y la cordura— en los muelles.