En una nueva embestida judicial contra las medidas del Ejecutivo, la Cámara Nacional del Trabajo le puso freno al polémico Decreto 341 de Javier Milei, que dejaba al Gobierno Nacional fuera de las negociaciones salariales docentes. A través de una cautelar, los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado obligaron al oficialismo a sentarse nuevamente en la mesa paritaria. Mientras tanto, el salario inicial para los educadores sigue anclado en los $500.000 desde marzo, una cifra que, en tiempos de inflación galopante, suena cada vez más a castigo que a retribución.
El decreto, que pretendía pasarle la pelota al Consejo Federal de Educación y sacar al Estado Nacional del juego, reescribía el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Bajo la excusa de la “eficiencia presupuestaria”, el Gobierno de Milei habilitaba a la Secretaría de Educación a vetar convenios salariales ya pactados si no se alineaban con el ajuste fiscal. Una jugada que fue leída por los gremios como un intento burdo de vaciar las paritarias nacionales sin hacerse cargo de los costos políticos.
La CTERA no se quedó callada y presentó un amparo que ahora encontró eco en la Justicia. Con esta nueva cautelar, el Ejecutivo no solo pierde una pulseada clave con los docentes, sino que además suma otro traspié judicial tras la suspensión del DNU que cercenaba el derecho a huelga. La decisión judicial refuerza el reclamo de los trabajadores de la educación y deja en evidencia que, por más decretazo que se intente imponer desde Casa Rosada, los derechos laborales no se pisan tan fácil.