La intervención del gobierno nacional en la obra social OSPRERA, dependiente del sindicato UATRE, ha causado graves consecuencias para los afiliados, quienes denuncian el corte de servicios médicos y la interrupción de tratamientos. Desde la intervención, muchos afiliados han experimentado la sus
El conflicto, que se intensificó tras la muerte de su histórico líder Gerónimo “Momo” Venegas, se agravó este año con acusación de corrupción contra el actual líder del gremio, José Voytenco, y la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud. En octubre de 2024, la intervención gubernamental apuntó a la irregularidad en la gestión de la obra social, incluyendo un presunto desfalco de $3.350 millones, denuncia que fue desmentida por la dirigencia del sindicato, que acusa al Ministerio de Salud de vaciar la
A dos meses de la intervención, se han registrado graves denuncias de corte de servicios médicos, dejando a los afiliados sin acceso a atención médica esencial, situación que afecta particularmente a los trabajadores rurales ya los “golondrinas”, trabajadores temporales cuya cobertura de salud es vital durante la cosecha. Además, el bloqueo de las cuentas bancarias de OSPRERA en todo el país interrumpió el pago de servicios médicos y generó embargos de cuentas, lo que aumentó los costos de los tratamientos debido a los intereses por plazos incumplidos.
La situación se complica aún más con las investigaciones judiciales sobre el patrimonio personal de Voytenco, que incluye una propiedad lujosa y una colección de relojes valorados en millas de dólares. La gestión de la obra social, que pasó de una deuda de $26.979 millones en septiembre de 2023 a $43.949 millones en marzo de 2024, ha sido cuestionada por no utilizar los fondos estatales para mejorar su situación financiera.
En medio de este panorama, los trabajadores rurales enfrentan una crisis en el acceso a la salud, sin respuestas claras sobre la reactivación de los servicios de OSPRERA y la mejora de su gestión financiera.