El sector pesquero argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con una flota tangonera congeladora completamente paralizada y más de 100 barcos inmovilizados en puertos clave como Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado. Según estimaciones de cámaras empresariales del rubro, la inactividad ya generó pérdidas por encima de los 100 millones de dólares en exportaciones no realizadas, afectando gravemente a toda la cadena productiva, desde plantas procesadoras hasta proveedores logísticos.
Las razones detrás de esta situación incluyen una combinación letal para la rentabilidad del sector: una presión impositiva que consideran insostenible, un tipo de cambio poco favorable a las exportaciones y una caída en los precios internacionales del langostino, principal producto del mercado externo. Desde las entidades empresariales advierten que, si no se toman medidas urgentes, el riesgo de un colapso total es inminente. La flota fresquera, aunque todavía activa, también arrastra problemas profundos desde fines del año pasado, y hoy cada salida al mar representa una pérdida económica.
El reclamo al Gobierno Nacional incluye la reducción de impuestos, la revisión de las condiciones laborales del sector y políticas de incentivo a la exportación. La industria pesquera emplea de manera directa a unas 46.000 personas en el país y a más de 100.000 de forma indirecta. En 2024, se posicionó como el quinto complejo exportador argentino, con ventas al exterior por casi 2.000 millones de dólares. Sin embargo, la caída de la demanda internacional y la falta de competitividad cambiaria amenazan con desmoronar un sector clave para las economías regionales y el ingreso de divisas al país.