Lo que comenzó como un murmullo entre pasillos policiales se transformó en uno de los escándalos más grandes de corrupción institucional en la región. El Ministerio Público presentó un escrito demoledor de más de 450 páginas donde solicita elevar a juicio la causa que tiene como principal acusado al exjefe departamental José Luis Segovia, señalado como el cerebro de una asociación ilícita que involucraba a policías, financistas y un abogado, todos al servicio de una maquinaria delictiva aceitada por años de impunidad.
En el documento, que ya está en manos del juez de Garantías Daniel De Marco, se detalla una red que iba desde la venta ilegal de divisas en la calle, hasta el armado de causas, plantado de pruebas, protección a delincuentes amigos del sistema y extorsión. Además de Segovia, están imputados una docena de policías y exfuncionarios, los financistas Claudio Alaniz y Jorge Toletti, y el abogado Lautaro Resúa. Los delitos abarcan desde asociación ilícita hasta estafa procesal, pasando por falsedad ideológica, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
Lejos de cerrarse, la investigación parece abrir más puertas que las que logra clausurar. “Cada avance revela un nuevo nivel de corrupción”, sostienen desde la fiscalía. La sensación, incluso para los investigadores, es que apenas se ha arañado la superficie de un sistema que operó con total impunidad durante años, con un jefe policial a la cabeza y muchos más —tal vez aún no nombrados— en la sombra.