El Gobierno encendió el debate nacional tras presentar su proyecto definitivo de reforma laboral, una iniciativa que llega al Congreso con la promesa de “modernizar” las reglas del trabajo y que propone cambios profundos en áreas clave como vacaciones, indemnizaciones, horarios y despidos. El texto —resultado de semanas de negociaciones entre funcionarios, gobernadores, empresarios y sindicatos— marca el inicio de una pulseada política que atraviesa al sector privado y público por igual.
Entre los puntos centrales, el proyecto mantiene el régimen de vacaciones vigente pero permite acuerdos para ampliarlo y fraccionarlo con límites precisos, habilita los llamados “bancos de horas” para compensar jornadas de trabajo, y modifica el esquema de indemnizaciones, permitiendo reemplazarlo por fondos o seguros sectoriales. También redefine los procedimientos ante despidos, regula las ausencias por enfermedad, digitaliza toda la documentación laboral y crea marcos específicos tanto para empleadas de casas particulares como para trabajadores agrarios. En paralelo, incorpora un nuevo régimen para repartidores de aplicaciones, obligando a su registro formal y garantizando ciertos derechos.
La propuesta agrega además cambios en convenios colectivos —incluyendo el fin de la ultraactividad—, crea Fondos de Asistencia Laboral financiados por aportes patronales y establece reglas más estrictas para conflictos sindicales, huelgas y bloqueos. Con posiciones divididas y la CGT ya expresando su rechazo, el proyecto abre una etapa de negociación intensa que definirá hasta dónde avanzarán las transformaciones que el oficialismo considera estructurales para el mercado laboral argentino.