Mientras 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño lograron una rara hazaña de unidad política, la Casa Rosada los bajó de un hondazo: Javier Milei vetará sin miramientos el proyecto que buscaba redistribuir los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, pese a la sugerencia del propio Federico Sturzenegger de no hacerlo. La postura oficial es clara: si la idea no nació del riñón libertario, se descarta sin leer. Y si toca el equilibrio fiscal, peor.
Desde Balcarce 50 no solo confirmaron que el veto está asegurado, sino que además deslizaron que la declaración de Sturzenegger fue apenas “una chicana” a las provincias. Pese al bajo impacto fiscal del proyecto —apenas el 0,11% del PBI—, el Gobierno no quiere abrir ni una rendija que altere su plan de ajuste. El mensaje es para adentro y para afuera: los jubilados, las provincias o las obras pueden esperar, pero el superávit no se toca, porque los mercados están mirando.
La oposición había encontrado en estos proyectos una vía para limitar la discrecionalidad con la que la Casa Rosada reparte fondos, pero ahora saben que el escenario será de confrontación. Y por si fuera poco, en Diputados ya hay orden de congelar los debates todo lo posible. La nueva política del Gobierno nacional parece no distinguir entre aliados ni adversarios: el que no se alinea, queda afuera. Y el que cuestiona, recibe un veto presidencial como souvenir.