Mientras la comunidad sanitaria enciende las alarmas por el traspaso de cápitas del PAMI del Hospital Municipal Ferreyra a la clínica privada Cruz Azul, el intendente Arturo Rojas opta por una postura tibia: acompaña la preocupación, pero no propone soluciones. El encuentro con los gremios dejó más dudas que certezas. El mandatario repitió que la medida fue “arbitraria y repentina”, pero evitó asumir responsabilidad política o tomar acciones reales para defender el hospital público, que se queda sin recursos y con miles de abuelos desprotegidos.
Desde los gremios no ahorraron críticas: Gastón Díaz (STM) y Matías Rizzo (CICOP) apuntaron directamente a una maniobra para desfinanciar la salud pública y beneficiar al sector privado, a costas del bienestar de los jubilados y del ya deteriorado salario del personal sanitario. El traslado de más de 10 mil afiliados no solo pone en jaque la atención local, sino que significa una pérdida directa de ingresos para el Ferreyra, dinero que ayudaba a sostener un sistema precarizado por años de abandono y parches improvisados.
A pesar del gesto simbólico de “escuchar” a los sindicatos, el intendente no ha elevado ninguna exigencia formal ni mostró señales de confrontar con PAMI o con el gobierno nacional. En lugar de liderar la defensa del único hospital público de la ciudad, Rojas parece más interesado en quedar bien con todos, aunque eso signifique dejar a miles de vecinos en manos de una clínica privada con escasa capacidad de respuesta. La salud pública sigue perdiendo terreno, y el silencio oficial ya no sorprende: es parte del problema.