Javier Milei está decidido a encender una nueva batalla, esta vez contra los jueces laborales. El Presidente, molesto por los fallos que frenan sus decretos y benefician a los gremios, ya tiene en la mira a los magistrados del fuero del trabajo, a quienes acusa de ser cómplices de lo que él llama “la industria del juicio” y de haber asfixiado a las pymes argentinas. En la Casa Rosada afirman que hay un plan para exponerlos públicamente, presionar por cambios en el Consejo de la Magistratura y avanzar con la transferencia de juzgados a la órbita porteña.
Entre los apuntados por el oficialismo está la jueza Moira Fullana, quien ya dictó varias sentencias contra los decretos libertarios. Desde el entorno presidencial no se andan con vueltas: la acusan de ser una “jueza militante” y de blindar los privilegios sindicales. Mientras tanto, la administración Milei trabaja en un informe para recopilar todos los fallos adversos del fuero laboral con la intención de demostrar “parcialidad sistemática” y sacar provecho político del enfrentamiento.
El trasfondo es un dato que el Gobierno repite como mantra: más de 126 mil juicios laborales iniciados en un año, con un costo estimado en 2 billones de pesos. Para Milei, eso no es justicia, es un sistema corrupto impulsado por abogados carroñeros y jueces que viven del conflicto. Por eso ya prepara cambios en el sistema de riesgos del trabajo, busca sancionar a los estudios “fabricadores de juicios” y promete “visibilizar” a cada juez que, en su visión, impida que el mercado avance sin obstáculos. La guerra está declarada, y Milei quiere darla con nombre y apellido.