El Gobierno nacional confirmó la extensión hasta el 31 de marzo de unos 40 mil contratos de empleados públicos que vencieron a multas de 2024. Sin embargo, los trabajadores deberán superar una evaluación de idoneidad para conservar sus puestos más allá de esa fecha. Según información del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cada área de la administración pública revisará los casos de manera individual y decidirá quiénes continuarán en funciones en base a las necesidades de cada sector y al desempeño en los exámenes.
La medida se enmarca en la política del presidente Javier Milei de reducir la planta estatal, que desde su asunción ya ha recortado cerca de 36 mil puestos de trabajo. El ministro Federico Sturzenegger explicó que los requisitos de idoneidad son un requisito clave para renovar contratos y que hasta diciembre pasado unos 9 mil empleados completaron la prueba, con una tasa de aprobación del 95% en el primer intento. Los trabajadores tienen hasta tres oportunidades para rendir la evaluación, que están divididas en niveles según las funciones que desempeñen: generales, administrativos y profesionales.
Además del control de contratos, el Gobierno impulsa una reforma más amplia en el empleo público, que incluye la renegociación de convenios colectivos y la reconfiguración de las escalas salariales para reducir desigualdades. También se determinan nuevos criterios para las contrataciones, que no podrán superar los seis meses y deberán ser validados por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Sturzenegger advirtió que cualquier nuevo ingreso al sector público solo será posible si por cada contratación se certifican previamente tres bajas, en línea con la política de ajuste implementada por la administración Milei.