Mientras los residentes del Hospital Garrahan reclaman por salarios miserables y condiciones de trabajo precarias, el Gobierno responde con castigo. Lejos de ofrecer una solución, el Ministerio de Salud advirtió que descontará los días de paro, amenaza con echar a los médicos en formación y hasta poner en riesgo su aprobación profesional. Una respuesta tan intransigente como alejada de la realidad que viven quienes sostienen uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.
Las medidas de fuerza se sostienen porque, a pesar de largas reuniones y promesas huecas, la gestión libertaria no presentó ni una propuesta seria para recomponer los ingresos. Mientras tanto, los funcionarios aseguran que “quieren profesionales formados”, pero se niegan a garantizarles un sueldo digno para vivir. La estrategia oficial parece clara: disciplinar por la fuerza, castigar al que reclama y señalar como “ñoquis” a trabajadores que dedican su vida al sistema de salud público.
En lugar de tender puentes, el Presidente Milei optó por la provocación, tildando el conflicto de “politizado” y acusando al kirchnerismo de haber llenado los hospitales de empleados fantasmas. Pero entre la retórica agresiva y la realidad hay una diferencia brutal: los residentes que hoy protestan no son un gasto, son el sostén de un hospital que atiende miles de casos al año. La pregunta que queda flotando es simple y dolorosa: ¿quién cuida a quienes nos cuidan?