El Gobierno Nacional dispuso que los internos de las cárceles federales realicen tareas diarias de limpieza y mantenimiento de los espacios comunes y propios. La decisión, oficializada mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece una jornada obligatoria de cinco horas diarias dedicadas a estas actividades. El objetivo central, según explicó la cartera de Seguridad, es fomentar la responsabilidad individual y la reinserción social, a la vez que se busca reducir los niveles de ociosidad dentro de los penales.
De acuerdo con la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) será el encargado de elaborar los planes de trabajo, definir los cronogramas y supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas. Los internos deberán participar activamente en el aseo, la limpieza y el mantenimiento general de sus celdas y de las áreas compartidas, como comedores y pasillos. Los materiales necesarios para realizar estas labores serán provistos por el propio SPF, aseguró Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios.
La resolución también señala que las tareas no serán remuneradas, ya que se considera que forman parte de un esquema de reparación del daño causado por los internos a la sociedad. “Las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios, y en esa lógica deben adoptar hábitos que reflejen su responsabilidad individual”, expresó el documento oficial. Además, se destacó que la ociosidad en los pabellones suele derivar en situaciones de violencia y desorden, por lo que la medida apunta a ordenar la convivencia y a fortalecer la disciplina interna.
“Cuando hay conflictos en los pabellones, muchas veces quedan dañados. Con esta resolución, se busca que los internos asuman la responsabilidad de reparar los espacios afectados”, explicó Curi. Según el funcionario, la medida también prevé que aquellos internos que causen daños a las instalaciones penitenciarias sean denunciados por el propio Servicio Penitenciario. La resolución se ampara en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que “las cárceles serán sanas y limpias”, y busca que esta limpieza no sea solo responsabilidad del Estado, sino también de quienes se encuentran alojados en el sistema carcelario.