Con la caída de la ley de Ficha Limpia, Cristina Fernández de Kirchner quedó habilitada para competir como candidata a diputada nacional y, sin perder tiempo, retomó el timón del armado electoral del peronismo. Pero su regreso no es tranquilo: mientras intenta mantener el control del Partido Justicialista, se multiplican las tensiones con referentes del interior que piden más autonomía frente al centralismo de La Cámpora. El conflicto no es nuevo, pero ahora amenaza con traducirse en rupturas abiertas.
La rebelión silenciosa de Axel Kicillof al desdoblar elecciones sin consultar, el intento de Ricardo Quintela por arrebatarle la presidencia del PJ y la resistencia de intendentes en distritos como Mendoza o Tucumán reflejan un clima cada vez más hostil. El anuncio de posibles expulsiones para los que no acaten la línea partidaria no hizo más que encender las alarmas. Mientras Cristina impulsa a nombres propios —como Anabel Fernández Sagasti en Mendoza—, muchos caciques territoriales ya amagaron con ir por fuera si no se abren los espacios internos.
En el fondo, lo que está en juego es el control del aparato partidario y la definición de listas en un contexto donde las bancas en el Congreso escasean y las lealtades son cada vez más frágiles. Reuniones urgentes, amenazas de intervención, reclamos de internas y la sombra de acuerdos con Milei agitan el escenario. Cristina intenta mantener a flote un PJ fragmentado, mientras desde varias provincias le exigen lo que nunca estuvo en su manual: soltar el poder.