Lejos de acatar el fallo judicial que ordenó frenar los operativos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle, el gobierno de Guillermo Montenegro salió con los tapones de punta. A través de un recurso de apelación, la gestión marplatense defendió a su cuerpo de agentes armados —cuestionado por organizaciones de derechos humanos— y negó cualquier tipo de violencia institucional: “No hay persecución, hay prevención”, afirmaron. Para el Ejecutivo, el fallo del juez Juan Tapia no solo vulnera la división de poderes, sino que también amenaza con paralizar uno de sus instrumentos estrella para “cuidar el espacio público”.
En su presentación, el municipio tildó la resolución judicial de “infundada”, acusó a los denunciantes de tener “motivaciones políticas” y aseguró que los relatos que sustentaron el habeas corpus “son inventados”. El argumento central: que la Patrulla actúa bajo normativa vigente, de forma coordinada con la policía, y que su accionar ha permitido —según datos oficiales— encontrar a decenas de personas con pedido de captura. “No hay cacería ni discriminación: se interviene ante denuncias o desórdenes concretos, no por condición social”, sostuvieron. También marcaron que la falta de una definición precisa de qué se entiende por “persona en situación de calle” deja el fallo en un terreno gris e inoperable.
Envalentonado, el Ejecutivo fue más allá: cuestionó que ahora los jueces pretendan decidir qué puede o no hacer una patrulla ante una situación crítica en la vía pública. “¿Quién actúa si un hombre armado pone en peligro a los vecinos? ¿El juez desde su despacho?”, ironizaron. El recurso concluye pidiendo la revocación inmediata del fallo y aclarando que no existe ningún plan sistemático para hostigar a personas vulnerables. “La misión es clara: que los vecinos de bien puedan usar el espacio público sin miedo”, sentenciaron. Ahora, la última palabra la tendrá la Cámara de Apelaciones.