El proyecto de instalación de una maltera junto al río Quequén sigue encendiendo alarmas, pero la gestión del intendente Arturo Rojas parece más preocupada por facilitar excepciones a medida de las empresas que por escuchar a la comunidad. A pesar de que más de 130 ciudadanos participaron activamente en la audiencia pública aportando objeciones concretas, el Municipio sigue sin dar señales de frenar una obra que podría tener consecuencias ambientales irreversibles para toda la región.
El estudio de impacto ambiental de Malten S.A. es contundente: millones de litros de agua contaminada, emisiones gaseosas y material particulado que alterarán el aire y el ecosistema de una zona clave para el futuro turístico y residencial de Quequén. Aún así, el Ejecutivo local sigue empujando el proyecto, y ya se habla de posibles ventas de calles como “excepción”, con el fin de que la empresa controle todo el predio. Una movida que, de concretarse, bordearía lo ilegal y atentaría directamente contra el patrimonio público.
Vecinos autoconvocados, profesionales y organizaciones ambientales reclaman una reubicación del proyecto, no su eliminación. Nadie se opone a la inversión o al trabajo, pero el lugar elegido es inaceptable. Mientras tanto, Rojas guarda silencio, el Concejo Deliberante especula y el río Quequén queda otra vez a merced de decisiones políticas que priorizan negocios a corto plazo por encima del bienestar de las generaciones futuras. ¿Cuánto más va a esperar el intendente para ponerse del lado de su comunidad?