Se terminó el suspenso: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por sacarse la tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas en su domicilio. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron que la ex presidenta deberá seguir monitoreada y con las visitas filtradas, dejando en claro que el cumplimiento de una condena por corrupción no puede ajustarse “al rango ni a la fama” del condenado. El tercer magistrado, Mariano Borinsky, opinó en disidencia, pero quedó en minoría.
El fallo llega en medio de la pulseada por el futuro político del peronismo y deja a Cristina sin margen para nuevos beneficios. El tribunal sostuvo que las medidas impuestas son razonables, legales y necesarias para garantizar tanto el control judicial como la seguridad de la propia ex mandataria. Según los jueces, su arraigo, salud y vínculos están plenamente contemplados, y cualquier ampliación en la lista de visitas puede tramitarse “de forma sencilla” ante el juez que supervisa la ejecución. Por ahora, todo sigue igual: domicilio en Recoleta, control electrónico y acceso restringido.
Desde la defensa habían alegado que la vigilancia era excesiva, especialmente considerando la custodia permanente que Cristina ya recibe por parte de la Policía Federal. Sin embargo, el tribunal fue categórico: la ley es clara, la prisión domiciliaria implica control electrónico salvo excepciones fundadas, y en este caso no hay razones médicas ni técnicas para eliminar la tobillera. La Cámara también advirtió que flexibilizar el régimen sin fundamentos sólidos podría minar la credibilidad institucional del sistema penal. En otras palabras: la condena sigue firme, y con ella, las reglas.