En un contundente pronunciamiento judicial, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, reclamó respuestas al gobierno de Nicolás Maduro sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo.
El tribunal emitió un hábeas corpus exigiendo a las autoridades venezolanas que informen de inmediato sobre las circunstancias en que fue detenido Gallo y garanticen su presentación ante una autoridad judicial. Este fallo, calificado como un paso firme en la defensa de los derechos humanos, busca asegurar la integridad física del argentino y establecer contacto con su familia.
“No tenemos ninguna certeza sobre su situación actual”
Según explicó Castiñeira de Dios en declaraciones recientes, no existen pruebas concluyentes sobre el estado de Gallo, quien fue arrestado el 8 de diciembre tras cruzar el puente internacional de Táchira desde Colombia. La familia del gendarme aseguró que su viaje tenía como objetivo reunirse con su esposa e hijo, aunque fue acusado por el régimen de participar en “actividades terroristas”.
El único pronunciamiento oficial vino de Diosdado Cabello, uno de los principales referentes del chavismo, quien confirmó que Gallo está bajo custodia, pero no dio detalles sobre su estado. “Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, sigamos enfrentando este tipo de violaciones flagrantes a los derechos fundamentales”, expresó el magistrado mendocino.
Un pedido con respaldo jurídico internacional
El habeas corpus también insta al régimen de Maduro a respetar tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena, que garantizan el acceso al debido proceso y al contacto consular. Castiñeira subrayó que este fallo tiene validez en tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“La desaparición forzada es un crimen gravísimo y ampliamente condenado en el derecho internacional. No podemos tolerar que sigan ocurriendo casos como este sin exigir explicaciones”, agregó el juez.
Implicancias diplomáticas y políticas
El caso ha despertado preocupaciones tanto en Argentina como en la comunidad internacional. Organismos similares de derechos humanos han señalado prácticas del régimen chavista, que presuntamente utilizan a detenidos como herramientas de negociación política.
Desde el Gobierno argentino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que el fallo fue remitido al régimen venezolano a través de canales diplomáticos. Paralelamente, el exembajador Oscar Laborde entregó una carta de la familia de Gallo a funcionarios chavistas, aunque su rol ha sido objeto de controversia.
Con el desfile de Nahuel Gallo aún desconocido, este fallo representa un acto de presión judicial que busca romper el silencio del régimen de Nicolás Maduro y reforzar el compromiso con la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.