La reciente publicación de un informe crítico de Amnistía Internacional (AI) sobre el uso de la fuerza en manifestaciones generó una dura respuesta por parte del Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el documento como “ridículo” y acusó al organismo de estar “del lado de los delincuentes”. Según la funcionaria, el protocolo antipiquetes impulsado por su cartera fue clave para “terminar con 25 años de extorsión en las calles”, y rechazó cualquier acusación de abuso policial.
El informe de AI, titulado “Uso excesivo de la fuerza” , documenta situaciones donde las fuerzas policiales habrían utilizado métodos desproporcionados para dispersar manifestaciones pacíficas. Entre las principales críticas, el documento señala el uso indebido de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones, y advierte que muchas personas sufrieron heridas graves en la cabeza y el rostro, lo que violaría los principios internacionales sobre el uso de armas menos letales. Además, se denunció una “persecución penal” contra quienes participantes de protestas, con detenciones arbitrarias por resistencia a la autoridad.
En respuesta, Bullrich defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y afirmó que Amnistía Internacional “no entiende la realidad de lo que sucede en Argentina”. En declaraciones a medios radiales, sostuvo que el informe tiene un mensaje ideológico y que busca proteger a los piqueteros y no a los ciudadanos que fueron víctimas de cortes y extorsiones durante años. “Nosotros protegemos a los 46 millones de argentinos que estaban presos de los piqueteros”, aseguró la ministra, dejando en claro que el Gobierno mantendrá firme su postura frente a las manifestaciones en la vía pública.