La inseguridad volvió a instalarse como una de las principales angustias de los bonaerenses y la presión sobre el gobierno de Axel Kicillof aumenta a medida que los delitos se multiplican. Con la agenda política retomando protagonismo tras el paréntesis futbolero, la Legislatura provincial comienza a debatir distintas iniciativas para enfrentar un problema que, según todas las encuestas, figura entre las mayores preocupaciones de la sociedad. Entre ellas aparece un dato llamativo: uno de los proyectos más duros contra el esquema actual fue presentado por el propio Sergio Berni, exministro de Seguridad del gobernador, quien propone devolver a la Justicia Federal las causas vinculadas al narcotráfico al considerar que el sistema vigente fracasó.
Mientras se acumulan proyectos sobre reformas policiales, uso de armas no letales, plataformas de emergencia y endurecimiento de las normas para reincidentes, la realidad golpea con fuerza a la Policía Bonaerense. Desde la Defensoría Policial advirtieron que la fuerza atraviesa una pérdida constante de personal, con cifras que muestran un crecimiento sostenido de bajas durante los últimos años. A las renuncias se suman licencias médicas, abandonos del servicio y efectivos que optan por empleos privados debido a los bajos salarios, una combinación que, según denuncian, deteriora cada vez más la capacidad operativa de la institución.
La crisis también tendría consecuencias visibles en las calles. Desde distintos sectores sostienen que la reducción de personal ya impacta en el patrullaje y en la presencia policial en varios distritos de la provincia. En ese contexto, las críticas hacia la gestión de Seguridad bonaerense se intensifican y el Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos por una problemática que, lejos de mostrar señales de mejora, continúa ocupando el centro de las preocupaciones de millones de vecinos que reclaman respuestas concretas frente al avance del delito.